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El plan de recuperación del Gobierno preocupa al sector del transporte por carretera

pago por uso

Prevé introducir el pago por uso en las carreteras de alta capacidad, al tiempo que recupera la subida de la fiscalidad de carburantes  como la gasolina y el diésel.

“Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera”, recoge  de forma críptica  el documento  presentado esta semana por el mismo Pedro Sánchez en el que se presenta  el Plan  de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que va a marcar la política  del Gobierno en los próximos años.  

Y en cuestión de transporte por carretera,  la referencia será la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió una consulta pública previa que se cerró en enero, y en la que entre otras cuestiones, según recoge el documento presentado el martes pasado,  "regulará la fiscalidad y la financiación del transporte" y "prevé introducir un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal".

La futura norma incluirá la regulación de actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la fiscalidad, las inversiones, los combustibles alternativos, la tecnología, así como la financiación del transporte en general y el público y urbano en particular.

Vieja reivindicación de las concesionarias

Hay que recordar que esta cuestión lleva años encima de la mesa de cada ministro de Transportes (o Fomento, en el caso de los anteriores) que se ha sentado en el despacho de la Castellana. Y todo ello porque  el pago por uso es una vieja reivindicación de las constructoras, que al calor de un nada despreciable beneficio propio se han encargado de recordarle al   Estado que  podría ingresar 9.525 millones de euros anuales si el Gobierno apostara por esta opción en la red española de autovías.

El pago por uso es una vieja reivindicación de las constructoras, que al calor de un nada despreciable beneficio propio se han encargado de recordarle al   Estado que  podría ingresar 9.525 millones de euros anuales si el Gobierno apostara por esta opción en la red española de autovías.

De momento, José Luis Ábalos  ha coqueteado con la idea, pero  sin abandonar la promesa hecha el pasado mes de julio al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Comprometiéndose a no introducir peajes sin haber alcanzado el consenso con el sector del transporte de mercancías por carretera.

Pese a ello,  los “Globos sonda” soltados por el Ministro no han desaparecido. El último mensaje  lanzado al  sector fue  en noviembre, cuando el ministro mencionó la posibilidad de distinguir entre los ciudadanos que circulan por las vías para ir a su lugar de trabajo y las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas, en clara referencia a las empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera. Y no precisamente en el sentido de proteger a quienes  la carretera es su “lugar de trabajo”, sino más bien todo lo contrario: Ábalos dejó este preocupante discurso:   "A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras".

fiscalidad diesel subida

Subida de la fiscalidad gasóleo

Sin embargo, no es la única mala noticia para el transporte que dejó la comparecencia de esta semana del presidente del Gobierno, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende retomar la subida de la fiscalidad de carburantes como la gasolina y el diésel, una medida que no se ha llevado a cabo este año gracias a las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que el PNV acordó con el Gobierno.

Desde diversas organizaciones del sector ya han expresado su rotundo rechazo a ambas pretensiones, destacando la notable aportación via impuestos que el sector realiza a las arcas públicas y que, pese a que el año pasado descendió notablemente por el efecto de la pandemia, superaba los 11.000 millones de euros anuales en épocas pre covid.  En opinión de CETM, con esa  recaudación anual “se puede hacer frente sobradamente al mantenimiento de las infraestructuras” al tiempo que recuerda que si se quiere recuperar ese nivel de recaudación  “pasa por incentivar la economía y no por dañar al sector con subidas de impuestos injustas y contraproducentes”.

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