El Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana ha remitido una nota informativa a los ayuntamientos beneficiarios del programa de ayudas para la implementación de zonas de baja emisiones (ZBE) y transformación de la movilidad urbana para recordarles su compromiso con los proyectos adjudicados. De no cumplirse, podrían enfrentarse al «reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora».

El aviso del Ministerio de Transportes se produce después de que  las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo abrieran las puertas de muchos ayuntamientos a la coalición formada por el Partido Popular (PP) y Vox. En muchos de  estos consistorios,   los nuevos equipos de gobierno han  anunciado cambios, retrasos o simplemente desestimiento  de los proyectos de sostenibilidad en marcha, entre ellos, la creación de carriles bici, zonas peatonales y, sobre todo, zonas de bajas emisiones (ZBE).

En total, son 196 los municipios beneficiados por la Orden TMA/892/2021 (ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano) por un total de 1.500 millones de euros divididos en 1.064 propuestas.

Entre los ayuntamientos advertidos, figuran  Madrid, Gijón, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Castellón, Elche, Palma de Mallorca, Lorca o Badalona, donde su alcalde  ha declarado su intención  de retrasar tres años la implementación de la ZBE. Uno de los  caso más “sangrantes” para el ministerio de Transportes es el de  Gijón, primera ciudad en eliminar las ZBE, que ha abierto la puerta a muchos de ellos para retrasar su implantación, como en Segovia, que solicitó una prórroga hasta 2024 para su aplicación, en la que están trabajan actualmente.

Desde la cartera liderada por Raquel Sánchez han recordado que, según establece la ley General de Subvenciones, los perceptores deben “cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones”. Es más, la misma norma refleja que las cantidades deberán ser devueltas con intereses de demora por “el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención”. No obstante, el Ministerio está abierto a posibles cambios que no alteren no alteren “la naturaleza u objetivos de la subvención”.

En este caso, Transportes recuerda la necesidad de presentar una “memoria justificativa de las circunstancias sobrevenidas que impiden llevar a cabo la actuación, así como de que la modificación propuesta no altera la naturaleza u objetivos de la subvención, ni supone un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas”.

Obligados por la Normativa 

El pasado 1 de enero, era la fecha tope para que todos los municipios de España con más de 50.000 habitantes pusieran en marcha una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en sus territorios. En total, 151 municipios de España -incluyendo Ceuta y Melilla- están obligados, desde el comienzo del 2023, a contar con una Zona de Bajas Emisiones. Según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), más de la mitad de la población española estaría afectada, de una u otra forma, por estas áreas de restricción.

Además de los 151 municipios de más de 50.000 habitantes que deberán implementar una ZBE en su territorio, la normativa estatal que regula esta cuestión también hace extensiva la obligación para los municipios con una población superior a los 20.000 habitantes cuando, en determinados momentos del año, tengan altos índices de contaminación del aire. Por tanto, el número de autónomos y pequeños negocios del transporte afectados podría ser aún mayor en algunos momentos