Miércoles, Abril 01, 2020

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La manipulación del tacógrafo se castiga con hasta tres años de carcel

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Manipular el tacógrafo deja de ser una infracción administrativa, castigada con 500 euros y pérdida de seis puntos, para convertirse en un delito de falsedad en documento público, siguiendo una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 15 de enero, que abre esta vía penal.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha anunciado que la manipulación de los tacógrafos en el transporte de pasajeros y mercancías pasará a ser una infracción penal en vez de administrativa que será castigada con hasta tres años de cárcel por falsedad en documento público. De esta forma, esta práctica, que ni siquiera la llegada de los tacógrafos digitales de última generación ha sido capaz de evitar, deja de ser una infracción administrativa, castigada con 500 euros y pérdida de seis puntos del carné de conducir, para convertirse en un delito de falsedad de documento público.

En una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, Vargas ha señalado que desde este lunes las unidades de Tráfico de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra cuentan con las pautas para investigar este delito a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo.
La resolución del Alto Tribunal, que da la razón a un recurso de la Fiscalía Especializada de Seguridad Vial, determina por primera vez que la alteración de los datos de movimiento en autobuses y camiones con el objetivo de esquivar los controles tiene que ser castigada como una falsificación.

Vargas ha puntualizado que el conductor no será el único responsable de la infracción sino que además se perseguirá al resto de posibles “cooperadores necesarios”, como directivos o encargados de la empresa de transporte, del contratista o de los talleres.

En el caso de contar con antecedentes en este tipo de práctica, el delito será continuado, con penas que alcanzan los tres años y nueve meses de cárcel, mientras que los accidentes con víctimas mortales responderán a una imprudencia grave, castigada con hasta nueve años según el número de fallecidos.
“Hay casos de inducción en cadena por la presión que se proyecta sobre el conductor para que llegue lo antes posible a su destino”, ha denunciado el fiscal, que con esta medida ha dicho querer acabar con las “ganancias trágicas” que conllevan el asumir riesgos como la falta de descanso por una conducción prolongada.

Para Vargas, que ha estado acompañado de miembros de Tráfico de la Guardia Civil y los Mossos, la manipulación de los tacógrafos vulnera las reglas de la competencia y los derechos laborales de los conductores, puestos contra la pared por la precariedad económica y con unas condiciones que ponen en peligro su integridad física.

Siguiendo las indicaciones del Fiscal Coordinador de Seguridad Vial, los agentes de tráfico deberán extremar los controles de tacógrafos, y les faculta para utilizar “todas las armas de que disponen” como la realización, con permiso judicial, de registros en empresas para cotejar los datos de los tacógrafos de una flota determinada con los que extraiga la Guardia Civil de los camiones infractores.

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